En el acto central del Día de los Trabajadores realizado en la Plaza Artigas además de los cuestionamientos a situaciones locales, se resaltaron las conquistas en materia de consejo de salarios, regulación laboral nuevo, libertades sindicales, el no a la baja de imputabilidad, y reclamo de más recursos a la educación
La proclama tuvo un fuerte contenido de temas generales donde se destaca la necesidad de implementar políticas que permitan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que se encuentran en lo que se denomina como los diezmilpesistas, indicando que “cuatro de cada diez uruguayos ganan menos de 10.000 pesos por mes”, pese a que el salario real Uruguayo fue el que más creció a nivel regional desde el 2005” y que el poder de compra de los salarios creció 36% según datos de la CEPAL en su estudio económico del 2013.
Por tanto los trabajadores en su proclama expresaron la exigencia en cuanto a que el próximo gobierno transforme el crecimiento económico en desarrollo a través de mayores inversiones en educación e inovación, profundización de la reforma de la salud, y la modernización de la negociación colectiva.
En referencia a la iniciativa de la baja de la edad de imputabilidad se aseguró por parte de los trabajadores que “no se resuelven los problemas de seguridad, los agrava”, en el entendido que los datos de muestran que los adolescentes no son los responsables de la inseguridad, graficando en que desde el Departamento Estadístico de la Suprema Corte de Justicia se indicó que las infracciones cometidas por los adolescentes constituyen el 5.9% del total de los procesamientos en el país, además de dejar constancia que los menores “no son impunes, son responsables desde los 13 años, las herramientas legales existen”.
En otro orden plantearon la infantilización de la pobreza como “un problema” dado que 37.8 de los niños uruguayos viven en hogares que no alcanza para cubrir sus necesidades insatisfechas básicas.
En materia de educación se reclamaron más recursos económicos y se habló de las bondades de la Ley de responsabilidad penal empresarial.
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